La megacausa por las presuntas estafas inmobiliarias que golpeó a cientos de familias sigue avanzando y, para la gente que esperaba una respuesta, dejó dos caminos bien distintos. En un expediente que ya reúne más de 600 denuncias y un perjuicio estimado en más de $2.700 millones, la Justicia marcó diferencias claras entre los principales imputados.
Por un lado, Juan Mauricio Gallerano quedó muy cerca de cerrar su capítulo judicial. La reparación a los damnificados ya estaría cumplida en un 98%, y ahora tendrá tres meses más para terminar de completar lo que falta. Si llega a cubrir ese tramo final, podría quedar sobreseído.
La decisión judicial le dio aire a una etapa que venía corriendo contra reloj. Su defensa, encabezada por el abogado Franco Montes, pidió más plazo para cerrar los compromisos pendientes, y el juez de Garantías hizo lugar al planteo.
Del otro lado aparece Héctor Storniolo, que volvió a quedar preso. Su intento de conseguir una salida alternativa se complicó cuando la Fiscalía cuestionó la documentación presentada para sostener una propuesta de reparación en 90 días.
En esa presentación aparecían informes atribuidos al arquitecto Pablo Navarro, pero cuando fue citado por la Justicia, negó haberlos hecho. Aunque la firma coincidía, desmintió la autoría del contenido, y eso terminó derrumbando la maniobra.
Con ese cuadro, el fiscal Eduardo Gallastegui pidió revisar la validez de la propuesta y el juez Fernández Caussi resolvió que Storniolo volviera al establecimiento penitenciario. Así, quedó sin efecto el tiempo de libertad que mantenía desde noviembre de 2025.
Además, el frente económico también lo complica. Según informes basados en registros del Banco Central de la República Argentina, se detectaron 408 cheques rechazados por más de $268 millones en cuentas vinculadas a personas jurídicas, y su nombre figura en una categoría de alto riesgo de insolvencia.
La situación alcanza también a su esposa y coimputada, Patricia Nacif, con antecedentes crediticios calificados como irrecuperables. En una causa que nació con denuncias por emprendimientos como Vistas I, Vistas II y Acacias, el contraste es fuerte: uno se acerca a resolver su situación y el otro vuelve a prisión con más problemas encima.