El expediente por la venta irregular de lotes en San Juan sigue agrandándose como pan que leudó de más. Las denuncias de víctimas ya llegan a 500 y la Fiscalía sumó doce hechos nuevos contra los diez imputados de la causa.
La investigación está en manos del fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Esta vez, la ampliación no apunta solo a Héctor Storniolo: también alcanza a su esposa, Patricia Nacif, y al resto de la red investigada.
Los nuevos hechos se vinculan con los proyectos "Alto Valle" y "Alteza". Son dos loteos que se suman a una lista larga de barrios inconclusos o que nunca arrancaron, mientras el perjuicio total ya supera los $2.700 millones.
En Tribunales revisan proyecto por proyecto para saber cuántos damnificados hay y qué responsabilidad tuvo cada imputado. Ese laburo es el paso previo para que la Fiscalía presente la acusación formal y pida que la causa vaya a juicio.
Entre los acusados, Juan Mauricio Gallerano es el único que todavía tiene chances de quedar afuera del expediente. Había avanzado con una reparación integral del daño y ya cumplió casi el 98% de lo pactado, pero el acuerdo quedó en pausa por la muerte de su padre y la sucesión civil que todavía no se resuelve.
Del otro lado, Héctor Storniolo sigue preso en el Servicio Penitenciario de Chimbas, bajo prisión preventiva. Había recuperado la libertad en noviembre de 2025, pero volvió a la cárcel en mayo de este año cuando la Fiscalía detectó documentos falsos.
Antes de esa vuelta al penal, Storniolo había ofrecido terminar obras pendientes en 90 días y presentó informes técnicos que decía firmados por el arquitecto Pablo Navarro. Cuando lo citaron, Navarro negó haber hecho esos informes, aunque la firma era la suya. ¿Ahora quién se banca semejante despelote?

