La situación sigue siendo muy delicada en San Juan. En los primeros cinco meses de 2026, los equipos especializados recibieron más de 1.200 denuncias formales por violencia intrafamiliar y de género, una señal clara de que el problema está lejos de aflojar. El informe del CAVIG, que depende del Ministerio Público Fiscal, deja en evidencia una demanda constante de contención, orientación y protección en distintos puntos de la provincia.
En ese mismo período, el organismo llevó adelante 6.691 intervenciones, entre actuaciones judiciales, entrevistas, asesoramientos y medidas de resguardo. No se trata solo de números fríos: detrás de cada trámite hay una situación de tensión, miedo o urgencia que obliga a actuar rápido. Además, se registraron 2.498 asesoramientos y orientaciones, lo que muestra que muchas personas primero buscan información antes de animarse a denunciar.
Otro dato que prende las alarmas es la cantidad de herramientas activadas para dar protección inmediata. Entre enero y mayo se tramitaron 1.545 formularios para poner en marcha mecanismos de resguardo. En cuanto a las denuncias concretas, las lesiones encabezan la lista con 610 casos, casi la mitad del total. Después aparecen los incumplimientos de resoluciones judiciales, con 259 presentaciones por desobediencia, y las amenazas, que sumaron 184 denuncias.
El detalle del informe también expone hechos de extrema gravedad. Se contabilizaron 56 denuncias por abuso sexual y otros 14 casos por abuso sexual con acceso carnal, situaciones que requieren intervención urgente y acompañamiento profesional. A eso se sumaron 269 allanamientos, 558 medidas de protección y 76 detenciones vinculadas a distintos expedientes. El trabajo del sistema no se detiene, con 1.164 entrevistas y citaciones, además de 133 actas de comparecencia y 81 retractaciones, un punto que suele complicar muchísimo estas causas.
La foto que dejan estas cifras es dura y no admite vueltas: la violencia sigue golpeando fuerte y exige una respuesta sostenida. Psicólogos, médicos, trabajadores sociales y operadores especializados sostienen una tarea diaria para asistir a víctimas que, muchas veces, llegan quebradas, con miedo y sin saber por dónde empezar. En San Juan, el desafío sigue siendo enorme y la presión sobre el sistema, cada vez más pesada.