El caso explotó donde menos se esperaba: adentro del propio Servicio Penitenciario Provincial. Alejandro Esequiel Jofré fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por 53 hechos de defraudación por engaño.
La sentencia salió después de que el juez Matías Parrón homologara el acuerdo de juicio abreviado entre la Fiscalía y la defensa. En ese arreglo, Jofré reconoció los hechos y su autoría, así que el expediente no siguió dando vueltas.
Según la investigación del fiscal Guillermo Heredia, el agente armó una maniobra sostenida en el tiempo. Les ofrecía inversiones con rendimientos altísimos a compañeros de trabajo, familiares, amigos y otras personas, con promesas de ganancias de hasta el 50% en 30 a 60 días.
Para que el cuento pareciera sólido, se mostraba como inversor y financista. Hablaba de harina, artículos de limpieza, materiales de construcción, préstamos a empresas y hasta supuestos negocios con la Municipalidad de Angaco; una vidriera bastante cargada para tentar a más de uno.
La causa logró reconstruir 53 hechos independientes y un perjuicio económico total de $264.395.400. Entre los damnificados hay principalmente agentes penitenciarios, pero también policías, municipales, comerciantes, profesionales, jubilados y familiares de otros afectados.
La Fiscalía reunió más de 180 comprobantes, denuncias, chats de WhatsApp, pagarés e informes bancarios. También detectó que el dinero fue a cuentas del condenado, de familiares, de su pareja y de terceros, mientras que los reclamos por falta de devolución se contestaban con excusas bancarias que no cerraban por ningún lado. ¿Quién se iba a imaginar tanto bardo con tanta planilla dando vueltas?