La Justicia de San Juan ordenó dos meses de prisión preventiva para un hombre de 38 años, peón de finca, acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra durante varios años mientras vivían bajo el mismo techo. La joven, que hoy tiene 18 años, habría empezado a sufrir los abusos cuando tenía 9.
La decisión la tomó el juez de Garantías Diego Sanz en la audiencia de formalización, después de escuchar al Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Mario Panetta, de la UFI CAVIG, y también a la defensa oficial.
Además de la preventiva, el magistrado fijó un plazo de nueve meses para la investigación preparatoria, que seguirá sumando pruebas y testimonios.
La causa salió a la luz el 9 de julio, cuando una tía de la joven se presentó ante la Policía y radicó la denuncia. Hasta ese momento, según se expuso en la audiencia, todo habría quedado dentro del círculo familiar y no había llegado a conocimiento de las autoridades.
Después de la denuncia se habían dispuesto medidas de protección, entre ellas una restricción de acercamiento, mientras el acusado seguía en libertad. Con el avance de la investigación, Fiscalía pidió formalizar la imputación y que el sospechoso quedara detenido de manera preventiva.
Durante la audiencia, el fiscal presentó elementos que, según la acusación, respaldan el relato de la joven. Entre ellos, registros de historia clínica de hospitales públicos y datos de intervenciones médicas realizadas cuando era adolescente.
De acuerdo con lo expuesto, a los 15 años la joven atravesó un embarazo y el 26 de octubre de 2023 se le practicó una interrupción voluntaria del embarazo (IVE), cuando cursaba 11 semanas de gestación. Cinco días después, el 31 de octubre de 2023, se le colocó un implante anticonceptivo subdérmico, también con autorización de su madre.
La madre declaró durante la investigación que no sabía que el embarazo pudiera estar vinculado al acusado y contó que su hija le había dicho que tenía una relación con un joven. Según el planteo fiscal, los abusos habrían seguido después y se habrían intensificado hasta que la chica cumplió 17 años.
Otro de los elementos incorporados al expediente fue la intervención de una psicóloga que asistió a la joven el día de la denuncia. Según el Ministerio Público, la profesional observó un relato coherente, lógico y concordante, sin signos de que hubiera sido armado o inducido. Igual, en esta etapa se hará una pericia psicológica para profundizar la evaluación.
La defensa oficial, integrada por Maira Elías y Daniela Emín, en representación de la defensora oficial Sandra Leveque, negó los hechos y cuestionó la calificación legal. También se opuso a la preventiva al considerar que era una medida excesiva para esta instancia.
Entre sus argumentos, señalaron que el hombre no tiene antecedentes penales, que la investigación recién arranca y que se presentó ante las autoridades cuando fue citado. El acusado, por su parte, se mantuvo en silencio durante la audiencia.
Al resolver, Diego Sanz entendió que hay elementos suficientes para sostener, por ahora, la posible existencia del delito investigado. También valoró el riesgo de fuga: el imputado dejó la casa que compartía con su pareja y sus hijastros tras la denuncia y se fue a vivir al domicilio de un hermano. A eso sumó que su trabajo vinculado con la cosecha no está registrado formalmente.
Para el juez, esas circunstancias, junto con la gravedad de la acusación, hacen pensar que podría intentar eludir el proceso. Además, advirtió sobre un posible entorpecimiento de la investigación, ya que todavía faltan medidas por producir y testimonios por tomar.
Con esos fundamentos, el acusado quedó en prisión preventiva por dos meses. La causa seguirá ahora bajo investigación durante nueve meses, mientras Fiscalía avanza con las pruebas pendientes. La preventiva es una medida cautelar y no implica una condena.