La Justicia volvió a decirle que no al pedido de libertad de Alejandro “Tati” Jofré, el penitenciario acusado de encabezar una presunta estafa piramidal que, según la investigación, dejó un daño económico superior a los $226 millones y tiene a 52 personas damnificadas.
Este martes, en la audiencia de impugnación, la defensa y la Fiscalía expusieron sus argumentos ante el juez Daniel Guillén. Al final, el magistrado decidió mantener la prisión preventiva que ya había sido prorrogada en julio, por lo que Jofré seguirá en la Unidad Chimbas Sur.
Para la gente que sigue de cerca esta causa en San Juan, el dato no es menor: el expediente sigue sumando denuncias y el caso golpea de lleno a trabajadores del propio sistema penitenciario, que hoy ven cómo crece la lista de presuntas víctimas.
Jofré está preso desde septiembre de 2025 y fue llevado esposado a Tribunales para participar de la audiencia. Su abogada, María Filomena Noriega, pidió que recupere la libertad y sostuvo que tiene arraigo familiar y laboral, además de tres hijos a cargo.
La defensora también planteó que el imputado habría colaborado con la investigación y que no había riesgos procesales suficientes para mantenerlo detenido. Como alternativa, pidió que se le concediera el arresto domiciliario.
Del otro lado, el fiscal Guillermo Heredia se opuso al pedido y puso en duda ese supuesto arraigo. Según explicó, Jofré no vive con sus hijos ni con su padre y tampoco tendría un domicilio consolidado. Además, sumó un punto que consideró clave: la presunta existencia de mensajes enviados a personas damnificadas para intentar frenar denuncias.
Para la Fiscalía, la cantidad de víctimas y la magnitud del presunto fraude pesan fuerte a la hora de definir la situación procesal del acusado. Con ese panorama, el juez entendió que lo planteado por la defensa no alcanzaba para cambiar lo resuelto en primera instancia.
La causa empezó a tomar más volumen entre julio y agosto de 2025, cuando se multiplicaron las denuncias de integrantes del Servicio Penitenciario Provincial. Según la hipótesis fiscal, Jofré ofrecía inversiones en supuestos negocios de venta de harina, aceites y materiales de construcción, además de préstamos informales, con la promesa de ganar plata rápido.
Cuando los pagos dejaron de aparecer y los supuestos rendimientos se cortaron, empezaron las denuncias. La investigación terminó con la detención de Jofré el 5 de septiembre de 2025.
Hoy el expediente reúne 52 damnificados y un presunto perjuicio que supera los 226 millones de pesos. Incluso en junio se sumó otra denuncia de un penitenciario, que aseguró haber entregado $4 millones para invertirlos en uno de esos negocios.
Además de Alejandro Jofré, están imputados Américo Jofré, su padre; Gabriela del Rocío González, su expareja; y Carla Luciana Jofré, su hermana, señalados como presuntos partícipes necesarios. Los tres siguen en libertad, pero con medidas cautelares.