Lo que arrancó como una alarma por una supuesta bomba en Sarmiento terminó mostrando otro bardo por abajo. La Justicia concluyó que la falsa amenaza estaba ligada al hostigamiento contra una mujer y que el presunto autor era su expareja, José Luis Sotomayor.
El caso reunió dos causas que iban por carriles separados. Una era por la intimidación pública del llamado al 911 y la otra por incumplir una orden de protección que tenía a favor la mujer.
Todo pasó el 6 de agosto, cerca de las 9:30. Una comunicación anónima avisó sobre un supuesto explosivo en el Centro Cultural de Sarmiento, y se prendieron todas las luces rojas.
Hubo evacuación preventiva del edificio cultural y de otras dependencias cercanas, como el Juzgado de Paz. La movida fue grande, con personal especializado trabajando en el lugar, mientras la Fiscalía empezó a atar cabos.
Con la investigación, el fiscal José Plaza logró vincular el teléfono usado en la amenaza con conductas de hostigamiento hacia la expareja. La mujer ya había pedido protección, y una jueza de Sarmiento había fijado restricciones y el uso de una pulsera electrónica.
Pero la historia no quedó ahí, ni cerca. El 18 de agosto, Sotomayor volvió a quedar bajo la lupa por acercarse otra vez a la zona donde trabaja la mujer, algo que el monitoreo detectó enseguida.
Después de la aprehensión y de una nueva presentación en la UFI CAVIG, todo se trató en una audiencia judicial. El juez de Garantías Gerardo Javier Fernández Caussi homologó un acuerdo y le otorgó la suspensión de juicio a prueba por 1 año.
Durante ese tiempo deberá hacer una reparación simbólica, tareas comunitarias en un municipio distinto al de su residencia y respetar la prohibición de acercamiento y contacto. Un operativo enorme, una causa de hostigamiento y una probation: tremendo combo, ¿no?