En el marco de la Cuarta Sesión Especial, presidida por el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, diputado Enzo Cornejo -acompañado por los secretarios Legislativo, Gustavo Velert, y Administrativo, Jorge Fernández-, el cuerpo legislativo sancionó la ley correspondiente al expediente 2841-2026, mediante la cual se aprueba el Contrato de Fideicomiso Público denominado "Fideicomiso Aporte DIA Vicuña". La iniciativa obtuvo 22 votos positivos, 2 negativos, 7 abstenciones y 5 ausencias.
Cabe señalar que el Contrato de Fideicomiso Público denominado FIDEICOMISO APORTE DIA VICUÑA, celebrado el 7 de octubre de 2026 entre la Gobierno de la provincia de San Juan y el Ministerio de Minería en carácter de fiduciante, y el Banco de San Juan S:A., en carácter de fiduciario, cuyo texto y Anexo I forman parte integrante de la presente Ley, cuyo objeto es destinar y aplicar los aportes realizados por VICUÑA ARGENTINA S.A. para financiar obras de infraestructura elegibles contempladas en el Acta Compromiso suscripta entre VICUÑA ARGENTINA S.A. y el Gobierno de la provincia de San Juan el día 5 de agosto de 2026, ratificados por Decreto N° 1472-MM-2026 del 2 de noviembre del 2026, y Decreto N° 1066-MM-2026, de fecha 7 de agosto de 2026, respectivamente.
En su artículo segundo se establece que la administración, disposición y aplicación de los bienes fideicomitidos, debe efectuarse exclusivamente conforme a las finalidades previstas en el contrato y su Anexo I, garantizando la trazabilidad de los recursos, la debida rendición de cuentas y los controles que resulten legalmente exigibles.
Por último, establece que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos competentes, puede disponer las medidas necesarias para la implementación y cumplimiento de la presente Ley, sin alterar el objeto ni las condiciones esenciales del contrato.
Fundamentos del debate parlamentario
Durante el tratamiento del proyecto en el recinto, diversos legisladores expusieron sus posturas y argumentos respecto al alcance institucional, financiero y territorial del instrumento fiduciario.
En la ocasión, habló como miembro informante el diputado Andrés Castro, quien sostuvo que la norma completa los compromisos asumidos con la sanción de la Ley 2836-M y brinda respaldo institucional, seguridad jurídica y previsibilidad. Destacó que los fondos tendrán afectación exclusiva y excluyente a obras de infraestructura elegibles, seleccionadas por un Comité Ejecutivo bajo procedimientos de licitación pública amparados en la Ley de Obras Públicas (N° 128-A), con registros contables, auditorías periódicas y control del Tribunal de Cuentas.
Por su parte, la diputada Marisa López fundamentó la abstención de su bloque señalando que el contrato carece de transparencia, control institucional previo, participación y representación territorial en comparación con fideicomisos mineros anteriores. Cuestionó que no exista obligación de publicación ni informes anuales a la Legislatura, que no se fijen topes de gastos administrativos o de consultoría, y que las obras estén orientadas a las necesidades del proyecto minero sin intervención de municipios, cámaras empresariales o diputados departamentales. Asimismo, consultó sobre la mención al Banco de San Juan en el artículo primero ante su próxima fusión bancaria.
A su turno, el diputado Mario Herrero adelantó el voto negativo de su bloque argumentando que el contrato introduce modificaciones respecto al modelo aprobado en la Ley 2836-M y que se aparta de la Ley 1572 de creación de Fiduciaria San Juan. Cuestionó la incorporación de menciones a futuros aportes y esquemas de financiamiento anticipado mediante posible endeudamiento, advirtió sobre limitaciones a la responsabilidad del fiduciario en relación con el Código Civil y la jurisdicción arbitral del acta compromiso, y objetó que las decisiones sobre proyectos mineros estratégicos se definan fuera de la órbita provincial.
También habló el diputado Jorge Castañeda quien justificó su abstención advirtiendo sobre el desplazamiento de los municipios, intendentes y representantes departamentales en la definición de prioridades. Como representante de un departamento minero (Calingasta), señaló el riesgo de sentar un precedente donde las obras se definan en función de los requerimientos de la empresa privada en lugar de responder a las necesidades integrales de desarrollo de las comunidades locales.
El diputado Leopoldo Soler expresó su voto afirmativo respaldando la facultad del Poder Ejecutivo para gestionar y definir obras estratégicas de infraestructura que beneficien a toda la provincia, como la Ruta Nacional 40 y obras viales locales como el puente del Río Seco en Ullum. Destacó que la aprobación permite canalizar recursos mineros hacia soluciones concretas de conectividad y desarrollo para los sanjuaninos.
Para finalizar, el diputado Juan de la Cruz Córdoba acompañó la sanción defendiendo la necesidad de aprobación legislativa conforme al artículo 150 inciso 2 de la Constitución Provincial y citando antecedentes de fideicomisos mineros ratificados por la Cámara. Aclaró que el artículo 37 fija la jurisdicción de los tribunales ordinarios de San Juan para este contrato, que el artículo 11 resguarda la responsabilidad del fiduciario y que los artículos 19, 30 y 31 garantizan rendiciones mensuales, auditorías externas anuales obligatorias y aplicación de la normativa de obra pública. Añadió que el diálogo con los vecinos y autoridades municipales permite canalizar demandas territoriales, como la reparación de la Ruta 40.

