Desde este sábado empieza a regir el nuevo régimen penal juvenil y cambia el mapa para los adolescentes que cometan delitos. La novedad fuerte es que la imputabilidad baja a los 14 años.
La Ley 27.801 fue aprobada por el Congreso en febrero de este año y reemplaza la vieja Ley 22.278, que venía desde la década del 80. En criollo: se aggiorna una regla que ya estaba pidiendo una lavada de cara.
El texto dice que la idea es “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos” y apuntar a su educación y resocialización. También establece que los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos.
Entre las penas posibles aparecen amonestaciones, prohibición de acercarse a la víctima, restricción para salir del país, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y hasta privación de libertad en domicilio, instituto abierto o especializado. La sanción puede llegar hasta los 15 años, y en algunos casos se podrá evitar la prisión.
Además, los adolescentes deberán cumplir medidas para seguir estudiando, formarse para el trabajo y participar en programas deportivos y de integración. Y ojo con el dato: siguen prohibidos los nombres, apodos, fotos o cualquier dato que los identifique. ¿Cambió la vara? Y sí, bastante.
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