La diputada nacional de UP Luciana Potenza presentó la “Ley Segovia”, un proyecto que quiere ponerle un freno a una jugada bastante conocida: que el acusado se esconda y, con el paso del tiempo, termine zafando por prescripción.
La iniciativa apunta a delitos sexuales cometidos contra menores de edad y también a casos de trata. Si el imputado está rebelde, prófugo o con orden de captura vigente, el reloj de la causa se frenaría mientras siga fuera del proceso.
El texto propone agregar un párrafo al artículo 67 del Código Penal. Así, la prescripción se interrumpiría cuando la persona haya sido declarada rebelde o esté eludiendo a la Justicia, y volvería a correr recién cuando se presente, sea capturada o quede sometida al proceso penal.
El proyecto será tratado por las comisiones de Legislación Penal y de Familias, Niñez y Juventudes. Potenza sostiene que hoy hay un bache legal: la ley avanzó para contemplar el tiempo que necesitan las víctimas para denunciar, pero no para evitar que el acusado gane por cansancio.
La diputada toma como referencia el caso Alberto Martín Del Valle, una causa de Bahía Blanca por abuso sexual agravado contra una niña de 11 años. Según la iniciativa, el imputado estuvo prófugo durante años y ahora se discute si la acción penal prescribió. ¿La idea? Que no se premie al que se hace humo.

