Tras las novedades sobre el cese del procesamiento de mineral del proyecto Hualilán en la planta de Casposo y la redefinición de sus plazos de producción hacia 2029, desde la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA) salieron a marcar una preocupación bien concreta: que las empresas locales no queden a la deriva por cambios de cronograma y falta de definiciones.
En la entidad advirtieron que, para las pequeñas y medianas empresas sanjuaninas que trabajan en la cadena minera, la información clara y a tiempo no es un detalle menor. Es lo que les permite organizar equipos, planificar inversiones y acomodar su estructura a lo que pide una actividad que exige cada vez más preparación.
Desde CAPRIMSA remarcaron además que los proveedores de la provincia vienen haciendo un esfuerzo grande para ponerse a la altura de los requerimientos del sector. Hablaron de estándares operacionales, certificaciones e inversiones en infraestructura y equipamiento, muchas veces sostenidas con financiamiento y crédito.
Por eso, señalaron que cuando se estiran los plazos o se postergan proyectos sin un horizonte claro, el impacto se siente de lleno en la continuidad operativa y financiera de esas empresas. Y eso, en la práctica, también golpea en el trabajo local y en el movimiento económico de los departamentos.
La cámara planteó que San Juan necesita consolidar una cadena de valor minera con más participación de proveedores locales. Pero para que eso pase, dijeron, hacen falta reglas previsibles y acuerdos claros sobre los tiempos de ejecución, de modo que las expectativas de crecimiento se transformen en inversiones reales, empleo y desarrollo en el territorio.
En ese marco, la entidad volvió a pedir a las empresas operadoras que abran canales de comunicación fluidos, genuinos y permanentes con los proveedores sanjuaninos. Según expresaron, el diálogo tiene que servir para ordenar expectativas y dar información confiable sobre cronogramas, requerimientos y perspectivas de los proyectos.
También destacaron el rol del Gobierno provincial, al que ven como un actor clave para articular entre las operadoras y el entramado productivo local. Para CAPRIMSA, el Estado tiene que ayudar a sostener las inversiones que ya hicieron las PyMEs y cuidar las fuentes de trabajo que dependen de esa rueda.
En definitiva, la cámara sostuvo que el desarrollo minero de San Juan no debería medirse solo por la magnitud de las inversiones, sino por la capacidad de generar oportunidades sostenibles para las empresas y los trabajadores de la provincia.