La discusión por el RIGI volvió a mover el avispero en San Juan. La CAPRIMSA salió a marcar la cancha después del Decreto 1366/2026, que cambió la reglamentación.
La cámara, presidida por Fernando Godoy, puso el foco en un punto bien concreto: que las inversiones mineras no pasen de largo por la provincia. O sea, que no quede todo en la foto linda y la cuenta afuera.
El cambio nacional amplió el concepto de proveedor local a empresas constituidas y domiciliadas en Argentina, sin mirar la nacionalidad o residencia de sus accionistas. Para bienes, en tanto, siguen los criterios de origen nacional previstos en el acuerdo del MERCOSUR.
Desde CAPRIMSA sostienen que eso no alcanza para asegurar trabajo y crecimiento en los territorios donde se hace minería. En criollo: que una firma tenga domicilio legal acá no garantiza que las oportunidades queden para los sanjuaninos.
La entidad también apuntó a la Ley Provincial 2827-M de Desarrollo Local Minero. Pide convocatorias transparentes, reglas claras y mecanismos para seguir de cerca los compromisos de los proyectos. Porque si la minería mueve millones, la pregunta es simple: ¿cuánto de esa rueda queda en San Juan?

