La cosa se puso espesa en el Atlántico Sur. Mientras el Gobierno argentino afila su pelea con Londres, una comitiva de unos 40 empresarios y funcionarios británicos llegó a Punta Arenas para empujar una nueva ruta logística hacia las islas.
El plan busca armar un servicio marítimo regular para abastecer al archipiélago y mover mercadería con la región de Magallanes. La jugada cayó justo cuando la Cancillería argentina ya venía con la ceja levantada y metió una protesta formal.
El ruido no quedó ahí. En Chile, el gobierno de José Antonio Kast quedó haciendo equilibrio: por un lado ratifica que la postura oficial no cambió y que las Malvinas son argentinas; por el otro, deja correr el negocio privado con los isleños.
La reunión comercial en Punta Arenas reunió a representantes del sector público y privado, y fue armada por la FIDC, la corporación de desarrollo de las islas. Según lo previsto, la nueva conexión podría hacer su primer viaje a mediados de noviembre y apuntaría a ser más cercana que la ruta por Montevideo.
Del lado argentino, Javier Milei volvió a endurecer el tono y anunció que instruyó a la Cancillería y a los equipos jurídicos a iniciar un arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion. Y mientras unos hablan de soberanía, otros ya están pasando lista de mercadería: ¿quién dijo que la geopolítica no trae quilombo de barrio grande?