Un conflicto judicial que arrancó por una notificación en Rawson terminó escalando hasta el Jurado de Enjuiciamiento y ahora tiene en el centro de la escena a tres magistrados y al abogado Nicolás Fiorentino. El caso salió a la luz por su impacto en una causa civil que, en la práctica, puede dejar a una de las partes sin posibilidad de defenderse si no responde a tiempo.
Todo empezó con la demanda que Carpas Argentinas le hizo a Puccinellia por 91 millones de pesos, a raíz de la rescisión de un contrato de alquiler de módulos y estructuras habitacionales. La discusión se trabó por la notificación: el escrito llegó a una garita de un barrio privado y fue dejado debajo de una piedra. Como la empresa no contestó, la jueza Adriana Tettamanti dio por caído su derecho a intervenir en el expediente.
Después, Nicolás Fiorentino, abogado de Puccinellia, pidió la nulidad de esa decisión y también la apeló. Pero los camaristas civiles Juan Carlos Pérez y Sergio Rodríguez confirmaron el fallo de primera instancia. A partir de ahí, el letrado denunció a los tres jueces por incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
En sus informes ante el Jurado, los magistrados fueron muy duros con el abogado. Rodríguez sostuvo que Fiorentino actuó con “torpeza” y “negligencia reiterada” y que terminó denunciando a los jueces para desviar la atención de su propia gestión en el caso. Pérez, por su parte, habló de un “exceso malintencionado” al referirse a las acusaciones de “complicidad, connivencia y corrupción judicial”.
Tettamanti también rechazó de plano los planteos del abogado. Dijo que su conducta responde a “intenciones aviesas” y a argumentos “infundados”, y remarcó que sus expresiones resultan “ofensivas y desproporcionadas”. Además, pidió que las actuaciones pasen al Tribunal de Disciplina del Foro de Abogados para que evalúe una posible sanción.
En el fondo, la pelea gira en torno a si la notificación fue válida o no. Fiorentino sostiene que Puccinellia tiene sede social en Mendoza y domicilio fiscal en Capital, San Juan, y que no correspondía notificarla en el barrio privado Altos de Meglioli. Pero los jueces remarcaron que ese domicilio había sido pactado en el contrato de locación y que incluso se usó para otras notificaciones previas sin objeciones.
El expediente también tuvo un recorrido paralelo: según los descargos, en otro juicio por honorarios la empresa fue notificada de la misma forma y en la misma dirección, contestó la demanda y no planteó nulidad. Para los magistrados, eso refuerza que el domicilio de Rawson era el que correspondía usar en ese vínculo contractual.
Ahora, el Jurado debe resolver si admite o no la denuncia contra Tettamanti, Pérez y Rodríguez. Mientras tanto, el caso deja una señal clara para cualquiera que siga de cerca estos temas en la provincia: una notificación mal cuestionada, o una defensa presentada fuera de tiempo, puede cambiar por completo el rumbo de un juicio.