El Gobierno movió ficha y apeló el fallo del juez federal Martín Cormick que declaró inconstitucional el decreto 759/2025. Ese decreto había promulgado la Ley de Financiamiento Universitario, pero la dejó atada a que aparecieran los fondos.
La discusión no es menor: el magistrado entendió que el Poder Ejecutivo no podía frenar una ley aprobada por el Congreso. Por eso ordenó el cumplimiento inmediato de la norma y de las reglamentaciones necesarias para ponerla en marcha.
Ahora la pelota pasó a la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que deberá revisar el planteo. Del otro lado quedaron el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, que empujaron el amparo colectivo.
La ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025, vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras. Diputados rechazó el veto el 17 de septiembre y el Senado completó el trámite el 2 de octubre de ese año.
La norma apunta a actualizar gastos de funcionamiento, salarios docentes y no docentes, becas e investigación según la inflación. O sea, una pelea de papeles y firmas, sí, pero con plata real arriba de la mesa; habrá que ver quién termina acomodando la cuenta, ¿no?