El Gobierno quiere meter a la pesca en el nuevo paquete de sanciones por Malvinas. La idea es endurecer el esquema contra empresas, accionistas y proveedores ligados a operaciones sin autorización argentina.
En la Casa Rosada dicen que “están trabajando en eso” y que habrá definiciones la próxima semana. La iniciativa entraría por Diputados dentro de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
La discusión, claro, no es poca cosa: buscan definir hasta dónde llega la red de vínculos con quienes operan con licencias británicas en las islas. O sea, no sólo mirar al que mueve el barco, sino también a los que se quedan cerca del negocio.
Argentina ya tiene desde 2008 una herramienta para estos casos. La Ley Federal de Pesca permite sancionar relaciones directas e indirectas con la pesca sin permiso argentino, e incluso caducar permisos, cuotas y autorizaciones si se comprueba la infracción.
El Gobierno usa como modelo el régimen que ya aplicó sobre hidrocarburos, con causas abiertas contra 45 personas y empresas, y luego otras 15. Ahora la pesca aparece como el próximo capítulo de una pelea que viene con más de un frente abierto, ¿y quién dijo que el Atlántico Sur iba a estar tranquilo?
}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}**}