El Senado le dio luz verde a la nueva ley de Discapacidad y, esta vez, salió sin fisuras: 71 votos afirmativos. El Gobierno terminó aceptando mantener los beneficios que había puesto en duda el año pasado.
La jugada cambia el tablero para quienes dependen de esas prestaciones. La norma arma un régimen permanente que asegura pensiones, cobertura médica y compatibilidad con el trabajo formal.
El proyecto replica casi todo el esquema de la ley que vence en diciembre, pero le saca el traje de emergencia. O sea: deja de ser un parche y pasa a ser una regla más estable, con efectos que van más allá de un solo gobierno.
Entre los puntos centrales, permite seguir cobrando una pensión no contributiva por discapacidad y trabajar en blanco o anotarse en monotributo, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos. También mantiene la actualización automática de aranceles y la cobertura básica de Incluir Salud.
Además, fija que el presupuesto del Ministerio de Salud no podrá quedar por debajo del del año anterior, en términos reales. Y suma un sistema de auditorías con cruces de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, con un plazo máximo de 30 días para reglamentar la norma. ¿Ahora sí, sin tanta vuelta?

