El Senado le dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental y movió una pieza pesada en el tablero. La votación terminó con 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones.
La discusión venía calentita desde el 14 de octubre, cuando el oficialismo avisó que iba a fondo con el tema. Esta vez, la Cámara alta apretó el acelerador y mandó el proyecto a Diputados.
La norma vigente es la Ley 26.657, aprobada en 2010. En su momento fue celebrada por cambiar el enfoque de la atención, pero con los años acumuló críticas de sectores profesionales, judiciales y familiares.
Ahora la reforma mete mano en puntos sensibles: amplía los criterios para las internaciones involuntarias, reincorpora a los hospitales psiquiátricos especializados y fortalece el rol de los psiquiatras dentro de los equipos interdisciplinarios. También suma a las adicciones dentro de las políticas de salud mental.
Otro cambio fuerte es el financiamiento. El proyecto prevé asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con convenios y partidas específicas en el Presupuesto. Porque, claro, la ley sola no camina si después no aparecen los recursos, ¿no?