La pulseada judicial por las expropiaciones que dejaron una fuerte herida en las cuentas públicas sigue abierta en San Juan. Ahora, Santiago Graffigna intenta que se cierre una de las demandas civiles vinculadas a ese esquema, al plantear la caducidad de instancia porque, según dijo, el expediente estuvo más de seis meses sin movimientos.
La causa en discusión es la de Luna, Benito Ricardo, ligada a una expropiación en Iglesia para la obra del dique Cuesta del Viento. Según se informó, la provincia pagó 1.011.194,31 pesos en 2009, pero Fiscalía de Estado sostiene que ese trámite fue irregular y que el dinero se abonó indebidamente. Si la demanda siguiera y terminara favoreciendo al reclamo, la cifra podría trepar a entre 7 millones y 10 millones de pesos por la actualización de intereses.
Para la gente de la zona, no se trata de un expediente más: el caso vuelve a poner sobre la mesa cómo se valuaron tierras rurales y cómo eso impactó en el bolsillo de toda la provincia. En ese marco, desde el Estado buscan recuperar fondos que consideran mal pagados, mientras que la defensa de Graffigna insiste en que el proceso ya debería cerrarse.
El planteo quedó ahora en manos de la jueza Adriana Tettamanti, del fuero Contencioso Administrativo, que deberá resolver si corresponde declarar la caducidad o si la demanda sigue viva. En Fiscalía de Estado, encabezada por Sebastián Dávila, adelantaron que van a presentar argumentos para rechazar el pedido.
Según explicó Graffigna, hubo un acuerdo para suspender los plazos por 20 días, algo permitido por el Código Procesal Civil, pero después no se prorrogó. Por eso, sostuvo que desde septiembre de 2023 no hubo avances en el expediente y pidió que se declare la perención.
En el fondo, lo que está en juego es si el Estado puede seguir reclamando por una expropiación que considera irregular o si la causa se archiva por falta de impulso. La discusión no es menor: la demanda ya lleva 10 años y, según se indicó, hasta los plazos de prescripción estarían largamente vencidos.
El expediente también arrastra otros nombres y viejas polémicas. En su momento, Fiscalía de Estado había apuntado contra el camarista civil Roberto Pagés, aunque después quedó desligado de la demanda por decisión de la Justicia. Aun así, el caso sigue siendo uno de los capítulos más sensibles de la megacausa de expropiaciones, con impacto directo en la confianza de los vecinos sobre cómo se manejó el patrimonio público.
Todo gira alrededor de un punto clave: si Luna era dueño pleno del terreno o si sólo tenía “derechos y acciones”, algo que, según el planteo estatal, habría reducido en un 30 por ciento la valuación. Esa diferencia, en una provincia donde cada peso cuenta, es justamente lo que mantiene viva la discusión.