Para quienes todos los días salen a hacer pedidos, llevar pasajeros o repartir mercadería, la discusión ya no pasa solo por la app: también pasa por la seguridad, el descanso y la certeza de no quedar afuera de un momento para otro. En ese marco, la diputada nacional Vanesa Siley presentó un proyecto para crear un régimen específico de derechos para quienes trabajan en plataformas digitales.
La iniciativa apunta a personas que usan aplicaciones como Rappi, PedidosYa, Uber o Cabify, y plantea que puedan tener vacaciones, cobertura de riesgos del trabajo, elementos de protección, transparencia sobre cómo funcionan los algoritmos y la prohibición de bloqueos arbitrarios.
El texto toma como referencia el Convenio 193 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y también experiencias que ya se discuten o aplican en Chile, la Unión Europea, Brasil, Colombia y Uruguay. Además, se apoya en el trabajo de la Asociación Sindical de Motociclistas Mensajeros y Servicios (ASIMM), que encabeza Marcelo Pariente.
Según datos de WorkerTech Argentina, el sector hoy emplea a más de 67.000 personas y creció un 289,5% entre 2020 y 2023. Para la gente que labura en la calle, eso significa más actividad, pero también más exposición a robos, accidentes y jornadas largas sin demasiada cobertura.
Entre los puntos centrales aparecen estaciones sanitarias en la vía pública para descansar, asearse o comer; un botón de emergencia para situaciones de inseguridad; y la posibilidad de cobrar planes sociales sin que eso genere problemas con el trabajo en plataformas. También se propone que cada trabajador o trabajadora pueda definir su jornada libremente, tomando como tiempo de trabajo desde que se loguea en la app hasta que se desconecta.
Otro eje fuerte es la transparencia algorítmica: que las empresas expliquen qué parámetros usan para decidir sobre el trabajo, el acceso al empleo y la elaboración de perfiles. A eso se suma la prohibición del bloqueo arbitrario, con derecho a descargo previo antes de cualquier desconexión de la aplicación.
El proyecto también plantea un canal de soporte obligatorio con lugar físico, teléfono local y responsable asignado por la empresa; el reconocimiento de la reputación digital como capital propio; el cálculo real de la distancia recorrida según el trazado urbano; y la entrega de casco, rodilleras, coderas y seguros a cargo de la empresa.
Además, incorpora vacaciones escalonadas según antigüedad, de 14 a 35 días corridos, sin castigo en la reputación digital, y una cobertura de riesgos del trabajo mediante un régimen simplificado con una ART. Por último, crea una Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales, integrada por el Estado, los sindicatos y las empresas, que fijará retribuciones mínimas, condiciones de trabajo y protocolos de control algorítmico.