La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal le bajó un cambio al bardo judicial: frenó de manera provisoria la multa contra el Gobierno por los salarios universitarios.
La sanción había sido fijada por el juez federal Martín Cormick y apuntaba al jefe de Gabinete, Diego Santilli, con una cuenta de 100 mil pesos por día. Todo eso quedó en pausa mientras se tramita la apelación.
El conflicto viene por el incumplimiento de una cautelar que ordenó actualizar los sueldos docentes y no docentes de las universidades públicas, además de garantizar el fondo para becas. El mismo magistrado ya había dado un plazo de cinco días al Gobierno para cumplir, con la amenaza de astreintes si no aparecía una respuesta.
Desde el Ministerio de Capital Humano presentaron un escrito y sostuvieron que la cautelar “ya se encontraba íntegramente cumplida”. La Cámara aceptó el planteo y ordenó que el recurso siga con efecto suspensivo, o sea: por ahora, la multa queda en el freezer.
La movida cayó justo antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación de la ley. Del otro lado, el Estado dice que los aumentos otorgados desde diciembre de 2023 ya llevaron la mejora acumulada al 226,80 %, por encima del porcentaje que, según su cuenta, correspondía. ¿Y ahora quién termina pagando la cuenta grande?
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