La discusión del acuerdo entre el Gobierno de San Juan y Vicuña Argentina ya entró en terreno legislativo y, para mucha gente del norte provincial, el tema no suena lejano: puede traducirse en rutas mejores, más seguridad vial y obras que hacen falta hace rato.
La semana que viene, la Cámara de Diputados va a debatir el convenio marco que impulsó la gestión de Marcelo Orrego. Antes, mañana, los ministros Juan Pablo Perea y Gustavo Fernández, junto al secretario general de la Gobernación, Emilio Achen, van a pasar por comisiones para explicar el proyecto y responder consultas de los bloques.
La apuesta oficial es que el texto se trate sobre tablas el próximo jueves y consiga respaldo mayoritario. Desde el Gobierno provincial sostienen que el beneficio no queda sólo en la actividad minera, sino que puede derramarse sobre toda la comunidad con obras concretas y movimiento económico en distintos sectores.
El punto central del acuerdo es un aporte inicial, fijo y no compensable de 250 millones de dólares por parte de Vicuña Argentina. Según lo informado, esos fondos no se devolverán ni se descontarán de regalías futuras, y estarán destinados a infraestructura pública.
La plata se canalizará a través de un fideicomiso y, en teoría, no podrá usarse para gastos corrientes del Estado. La lógica que plantean es simple: primero se licita y se hace la obra, y después el fideicomiso paga contra certificación. En la provincia remarcan que eso busca dar más control y transparencia.
Una de las obras que más ruido generó es la pavimentación y ampliación de la Ruta Nacional 40 Norte, en el tramo entre Albardón y Villicún. La idea es transformarla en una autovía de doble vía, algo que no sólo mejoraría el tránsito minero, sino también la conexión de toda la zona norte de San Juan.
Para la gente que viaja seguido entre Jáchal y la capital, o para productores, transportistas y prestadores turísticos, una ruta más ágil puede significar menos tiempo en camino, menos costos y más seguridad. En el Gobierno provincial también ven allí una oportunidad para empujar la agroindustria y el desarrollo local.
Además, el convenio mantiene una regalía del 3% sobre el valor bruto de facturación y suma un segundo fideicomiso de infraestructura financiado con un aporte adicional del 1,5%. Desde la administración provincial dicen que eso les da previsibilidad para planificar a largo plazo.
En materia ambiental, el acuerdo también busca ordenar una controversia que venía desde 2022 por las compensaciones de forestación. La empresa seguirá financiando esas tareas, pero la provincia tomará el control de la planificación y la ejecución para evitar demoras.
La Declaración de Impacto Ambiental seguirá con su actualización cada dos años, según lo ratificado por el Ministerio de Minería. En síntesis, el oficialismo apuesta a que este paso le abra la puerta a obras que se noten en la calle y no queden sólo en un anuncio.