El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que mandó Javier Milei al Congreso abrió un debate que va mucho más allá de Malvinas.
Constitucionalistas, opositores y organizaciones periodísticas le marcaron la cancha por varios artículos. Temen que, en vez de cuidar la soberanía, termine armando un clima de autocensura.
La polémica más grande está en los nuevos delitos por “desinformación masiva”, “manipulación de la opinión pública”, influencia extranjera y operaciones clandestinas. Algunas penas arrancan en cinco años y pueden llegar hasta 20.
Uno de los focos es el artículo 111, que propone sumar el 225 bis al Código Penal. Ahí se castiga a quien, por cuenta o financiamiento de un Estado, organización o agente extranjero, busque alterar procesos electorales o manipular la opinión pública con campañas coordinadas.
Los especialistas miran de reojo la definición de esos términos. ¿Qué es exactamente “desinformación masiva”? ¿Cuándo una campaña pasa a ser delito y cuándo sigue siendo una opinión incómoda?
El constitucionalista Andrés Gil Domínguez dijo que la redacción choca con el principio de legalidad penal. También advirtió que una figura así, con penas altas, puede generar un efecto intimidatorio para quien investiga o publica.
Otro punto que levantó cejas es el requisito del vínculo con el extranjero. El texto exige que la conducta tenga orden, financiamiento o participación de un actor externo, pero igual quedan dudas sobre cómo se prueba todo eso sin que cualquier crítica quede bajo sospecha. Félix Lonigro fue más al hueso: si el Estado define qué es desinformación, ¿quién queda mirando desde la tribuna?