El oficialismo se sentó con sus aliados y terminó dando un paso que venía esquivando: volver a poner límites a la venta de tierras a extranjeros. El dictamen de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada quedó listo para tratarse en Diputados el 21 de octubre.
La jugada va en la misma línea que el último fallo de la Corte Suprema, que repuso de manera provisoria la vigencia de la ley de tierras. Esa norma había quedado afuera con el mega DNU 70/23, que desarmó medio andamiaje regulatorio de un saque.
El plenario de comisión se hizo apenas 24 horas antes de la sesión que convocó la oposición para intentar derogar el decreto completo. Ahí apareció la salida prolija que buscó La Libertad Avanza: dejar conformes a los bloques que rechazan la venta sin límites, pero no quieren tirar abajo todo el DNU.
En la reunión, el radical Diógenes Gonzáles propuso sumar dos artículos al dictamen. Uno deja sin efecto el punto del decreto que había borrado la ley de tierras, y el otro restituye la vigencia de la ley 26.737. O sea, un tire y afloje legislativo con bastante olor a “te saco esto, pero no me toques lo otro”.
La norma que volvió a escena fija que un extranjero no puede tener más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento. También limita compras en zonas de frontera y cerca de cuerpos de agua relevantes; si Diputados la aprueba, el texto tendrá que volver al Senado. ¿Quedó picando? Sí, y fuerte.