El Gobierno de Marcelo Orrego movió una ficha y mandó a la Cámara de Diputados un proyecto para subastar vehículos que están tirados en el Depósito Judicial de 9 de Julio. La idea es hacer lugar, recuperar algo de plata y seguir con la compactación de lo que ya no sirva.
La propuesta agrega cuatro artículos a la ley 1810 A, la que regula la disposición final de cosas muebles peligrosas. Si un auto, una moto o una camioneta todavía puede volver a andar con arreglo, el Ministerio de Gobierno podría sacarlo a subasta pública.
Y si no da para eso, también se abre la puerta para vender sus autopartes. O sea, nada de dejar que el predio siga juntando fierros como si fuera un museo del abandono.
El mecanismo se definirá después por reglamentación, pero el texto promete publicidad, transparencia y participación de oferentes, sean personas humanas o jurídicas. Además, si el vehículo no se subasta, irá a compactación y el cubo de chatarra podrá venderse con control estatal.
La plata que salga de esas operaciones irá a infraestructura social, sanitaria, educativa o ambiental, tanto provincial como municipal. También podrá destinarse a campañas de concientización, programas sociales o asistencia directa a personas en situación de vulnerabilidad. ¿Se viene una limpieza grande en 9 de Julio?