La diputada de Unión por la Patria Sabrina Selva presentó un proyecto junto a Jimena López, Marina Salzmann, Sebastián Galmarini, Ramiro Gutiérrez, Cecilia Moreau, Diego Giuliano y Jorge Neri Araujo Hernández. Quieren que el Poder Ejecutivo explique la Resolución 559/2025, con la que se aprobó la adhesión de Southern Energy al RIGI.
La movida apunta a que el Gobierno detalle por qué le dio el visto bueno al trámite. Los legisladores dicen que hay una pata societaria que no les cierra: sostienen que el 15% del consorcio pertenece a Harbour Energy plc.
Según el pedido, esa empresa sería continuadora jurídica de Premier Oil PLC, firma inhabilitada por 15 años para operar en la Argentina mediante la Resolución 481/2013 de la Secretaría de Energía. También piden que se explique cómo se aplicó la Ley 26.659, que pone límites a empresas sancionadas por actividades en las Islas Malvinas.
El proyecto quiere saber qué áreas técnicas y jurídicas intervinieron, qué dictámenes se hicieron y si se evalúa revocar la resolución. También pregunta si habrá sumarios para revisar responsabilidades y qué controles se usaron para mirar la composición accionaria del negocio.
En los fundamentos, los autores hablan de “gravedad institucional” y remarcan que el beneficio incluye ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias por un proyecto de exportación de gas en Río Negro. En criollo: quieren saber si alguien apretó el acelerador de más o si el expediente venía con una curva que no se vio venir, ¿no?