El canciller Pablo Quirno soltó una advertencia que hizo ruido en el mundo empresarial: 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas fueron notificadas. La idea oficial es clara: seguir en ese negocio o quedar expuestas a sanciones en la Argentina.
Quirno lo dijo durante su exposición en la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), en Puerto Iguazú, Misiones. Ahí metió la medida dentro de la estrategia que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional.
El funcionario puso sobre la mesa la Ley 26.659, que ya prohibía operar en el país a las petroleras que trabajen en Malvinas. Pero ahora, según explicó, el Gobierno quiere apretar un poco más la tuerca para que el mensaje no quede picando.
“Van a tener que elegir”, resumió Quirno, al hablar de empresas, proveedores de servicios petroleros, financieros y de seguros. También dijo que el decreto reglamentario ya está listo y que busca darle celeridad a las sanciones contra quienes sigan en esas operaciones.
Además, el canciller adelantó una condición para entrar al RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: quienes pidan ese beneficio deberán presentar una declaración jurada diciendo que no violan la Ley 26.659. En criollo, si quieren jugar en Argentina, primero tendrán que acomodar la casa.