La Cámara de Diputados de San Juan le abrió la puerta a una movida que venía juntando polvo: rematar autos, motos y camionetas retenidos en depósitos judiciales. La idea es vender lo que todavía sirve, o al menos rescatarle las partes aprovechables.
La modificación alcanzó a la llamada “ley de chatarra” y suma cuatro artículos a la Ley 1810-A. Con ese cambio, el Ministerio de Gobierno podrá impulsar subastas públicas de vehículos que hoy ocupan lugar en predios como el de 9 de Julio.
Hay dos caminos previstos. Uno, para los rodados que puedan repararse y volver a circular. El otro, para las unidades que no zafan completas, pero todavía tienen autopartes con valor. O sea: nada de dejar fierros durmiendo la siesta eterna.
La norma todavía espera la reglamentación del Poder Ejecutivo provincial. Ahí se definirá cómo serán las subastas, aunque ya quedó escrito que deberán ser públicas, transparentes y abiertas a personas físicas y jurídicas interesadas en ofertar.
La plata que salga de esas ventas irá a obras y programas sociales, sanitarios, educativos y ambientales. También podrá usarse para campañas de concientización, asistencia a personas en situación de vulnerabilidad y otros fines públicos. Ahora falta ver cuándo arranca el operativo y quién se queda con la primera oferta, ¿no?