Se viene un nuevo capítulo en la pelea por Malvinas, y esta vez el reloj manda. El próximo lunes vence el plazo de dos semanas que la Argentina le dio al Reino Unido para frenar el proyecto petrolero Sea Lion.
Si Londres no afloja, la Cancillería irá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para pedir medidas provisionales. La idea oficial es ponerle un freno antes de que arranque la extracción de crudo, prevista para 2028.
El Gobierno de Javier Milei ya notificó el inicio del arbitraje y avisó que, si no hay respuesta, avanzará con la presentación urgente. Según la estrategia oficial, la jugada busca que el tribunal actúe mientras se arma el proceso de fondo, que puede estirarse durante años.
La clave está en que la Argentina no puede ordenar por su cuenta la suspensión del proyecto. Entonces apuesta a que una instancia internacional tome la posta y disponga medidas temporales, algo así como decir: “pará la pelota hasta que se vea quién tiene razón”.
El antecedente que miran en Casa Rosada es el de la Fragata ARA Libertad, cuando en 2012 el mismo tribunal ordenó su liberación en un plazo corto. Ahora, el Gobierno confía en que una decisión podría llegar en noviembre, aunque nada sale automático en este tipo de trámites. ¿Habrá jugada rápida o quedará picando?