La minería metalífera no avanza igual en todo el país. Hay provincias que le abren la tranquera y otras que, directamente, le ponen un freno bien puesto.
Hoy son siete las jurisdicciones con leyes que restringen total o parcialmente la actividad a cielo abierto o el uso de sustancias químicas clave. El mapa está dividido y, como pasa seguido en Argentina, cada provincia juega su propio partido.
Entre las que mantienen esas trabas aparecen Chubut, Tucumán, La Pampa, Córdoba, San Luis y Tierra del Fuego. También hubo casos como Río Negro y La Rioja, que sancionaron normas prohibitivas, pero después las derogaron.
El caso más llamativo hoy es Mendoza. La provincia sigue con la Ley 7.722, que pone límites a la actividad, pero la gestión de Alfredo Cornejo encontró una forma de empujar proyectos en la cordillera sin tocar esa norma.
La movida se apoya en evaluaciones por bloques y en procesos que, según el texto original, no usan reactivos prohibidos. Así, en diciembre de 2025 la Legislatura mendocina ratificó nuevas declaraciones de impacto ambiental y dio luz verde definitiva a PSJ Cobre Mendocino, en Uspallata. ¿El mapa minero argentino? Bien partido y con cada provincia haciendo su propio juego.

