La Justicia Federal de Río Grande le puso un freno al proyecto petrolero Sea Lion, en las Islas Malvinas. La jueza Mariel Borruto ordenó suspender el inicio o la continuidad de las obras vinculadas.
La medida alcanza a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited. En criollo: por ahora, perforaciones, instalaciones submarinas y arranque de la explotación, a guardar la carpeta.
El fallo también pide que las empresas presenten, en un plazo de diez días desde la notificación, una declaración jurada con documentos sobre el estado actual del proyecto. Ahí entran el cronograma de construcción, perforación, instalación y comienzo de la explotación.
Además, deberán informar cuántos pozos hay, dónde están y cómo siguen, más las unidades flotantes, los equipos de perforación y los principales contratistas y subcontratistas. También les exigen detallar la estructura societaria, el financiamiento, los desembolsos y hasta los estudios ambientales y planes de contingencia.
La jueza aclaró que esta decisión es cautelar y no cierra la discusión de fondo. O sea, el expediente sigue y las empresas ahora tienen bastante tarea por delante; no era solo prender el motor y salir, ¿no?