Los centros de excombatientes de La Plata y Berisso metieron un proyecto que va al hueso: frenar la explotación de recursos en el Atlántico Sur. La propuesta fue presentada ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de Diputados, que preside Aldo Leiva.
El texto, bautizado Ley de Políticas Soberanas, busca ponerle un cerrojo legal a las actividades que, según sus fundamentos, sostienen la administración británica en las islas. Y no viene liviano: declara nulos los actos, permisos y licencias que salgan del régimen británico en Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
Además, prohíbe hacer negocios, extraer, financiar o turistear en esas áreas sin autorización argentina. También prevé el decomiso de buques, aeronaves, instalaciones y otros bienes usados para esas infracciones, más un registro público de infractores y una inhabilitación de 20 años para quienes operen con licencias británicas.
La parte más pesada del proyecto está en lo penal. Plantea penas de hasta 20 años de prisión para directivos, accionistas y financistas de empresas que exploten, almacenen o transporten recursos en el Mar Argentino y en los territorios que el texto considera usurpados.
También alcanza a quienes den logística o soporte si ayudan, de forma directa o indirecta, a sostener esa rueda. Y, como si faltara más movimiento, el proyecto propone dejar sin efecto el acuerdo de septiembre de 2024 entre Diana Mondino y David Lammy. ¿Se viene otra pulseada gruesa en el Congreso?