Un grupo de padres de los colegios preuniversitarios de la Universidad Nacional de San Juan fue a la Justicia para frenar los paros docentes. Y ADICUS no se quedó callada.
"No entiendo cómo va a ser el mecanismo de reclamo, porque en realidad quien está incumpliendo la ley aquí es el Gobierno nacional", disparó Edith Liquitay, secretaria gremial de ADICUS. La dirigente aseguró que ni el sindicato ni la universidad fueron notificados formalmente de la causa.
Para Liquitay, embarrar la cancha contra los trabajadores o contra la universidad no soluciona nada. La responsabilidad, insistió, es toda de la administración que conduce Javier Milei.
La relación con los padres no siempre fue de tribunales. En el primer cuatrimestre, contó, hubo reuniones con familias preocupadas por las clases pero que "también entendían el contexto".
De esa buena onda salió una carta conjunta a la ministra Sandra Pettovello pidiéndole cumplir la ley, más abrazos simbólicos y marchas de antorchas. Historia distinta a la de ahora, marcó la gremialista.
Sobre el amparo judicial, Liquitay apuntó un dato picante: los dos abogados que representan al grupo de padres son funcionarios del gobierno provincial. Ahí metió la primera diferencia con el conjunto de familias.
"Dentro del colectivo de madres y padres claramente hay heterogeneidad ideológica, y con todo respeto lo digo, me parece que es errado", sostuvo. Aclaró que cada uno es libre de hacer lo que quiera con su plata, pero remarcó que no hay antecedentes de que un amparo así resuelva algo.
También se preocupó por el bolsillo de esas familias. "No sé cuál va a ser la respuesta a los padres que ya pusieron todo su dinero en esto, cuando en realidad la única solución es que el Ejecutivo destrabe esta situación", planteó.
Para cerrar el tema, pidió no dividirse puertas adentro y llamó a marchar juntos el 15 de octubre en defensa de la universidad pública.
El amparo lo presentaron familias autoconvocadas de la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio y el Colegio Central Universitario ante la Justicia Federal. El abogado Mariano Domínguez pide frenar los paros porque ya se perdieron 38 días de clase en 2026, y con las nuevas medidas esta semana se superarán los 40.
La presentación reclama garantizar entre 180 y 190 días de clase efectiva y aplicar la ley de servicio esencial, que obliga a cubrir un 75% de la prestación mínima durante los paros.
Liquitay, mientras tanto, defendió el plan de lucha con argumentos de plata, sueldo y Justicia. Y no descartó que si esto sigue así, el 2027 arranque directamente con paro.
Sobre los fallos judiciales, celebró la última resolución del juez federal Martín Cormick, que le da cinco días hábiles al Gobierno nacional para empezar a aplicar la ley de financiamiento universitario.
La próxima medida ya está confirmada: paro de 72 horas este miércoles 30, jueves 1 y viernes 2 de octubre.
En lo salarial la cosa está en punto muerto. "No hemos recuperado espacio paritario, simplemente es una información unilateral de porcentajes irrisorios que no resuelven la situación de fondo", denunció Liquitay.
El dato que más pega en el barrio: el presupuesto que mandó el Gobierno tiene un tercio menos de plata para las universidades nacionales. Traducido, menos guita hoy puede ser más paros y más días sin clase para los pibes mañana.
Si no hay respuesta salarial, avisó, el conflicto se va a poner peor. "Se van a agudizar aún más las medidas que a los docentes no nos gustan, como no tomar exámenes o el no comienzo de clases en el año 2027", advirtió.
Para cerrar, confirmó que ya se prepara una quinta marcha federal para reclamarle a Nación. Entre paros, amparos y marchas, el ciclo lectivo sanjuanino la sigue peleando a los ponchazos.