El Tratado de Integración y Complementación Minera entre Argentina y Chile fue pensado para destrabar y ordenar iniciativas que necesitan operar de un lado y del otro de la cordillera. La idea es fijar reglas comunes para cuestiones como infraestructura, tránsito de personal, trámites aduaneros y otras necesidades propias de estos emprendimientos transfronterizos. En criollo: sirve para que un proyecto minero no quede frenado por la montaña y por la maraña burocrática.
Ahora bien, hay un punto que suele generar confusión. Las empresas pueden presentar sus proyectos para pedir que sean incorporados al régimen del tratado y plantear sus necesidades operativas, pero no forman parte de los organismos que lo administran. Tampoco tienen poder de decisión formal. Cada iniciativa debe pasar por una evaluación técnica y legal en Argentina y en Chile, con controles de distintos organismos antes de avanzar.
Si el proyecto cumple con todos los requisitos, se arma un Protocolo Adicional Específico (PAE), que deja por escrito las condiciones bajo las cuales podrá funcionar. La aprobación final queda en manos de la Comisión Administradora Binacional, integrada por representantes de los gobiernos de ambos países. O sea, el esquema coordina, ordena y habilita, pero la decisión sigue siendo estatal.
El acuerdo original fue firmado el 29 de diciembre de 1997 en San Juan y Antofagasta. Después, en Argentina, el Congreso lo sancionó como Ley 25.243 el 23 de marzo de 2000. Desde entonces, el tratado regula proyectos que necesitan trabajar en los dos países, pero no se aplica de manera automática: cada empresa debe pedir su incorporación y someterse a la revisión de los organismos técnicos, legales, aduaneros, migratorios y ambientales. La última palabra, siempre, queda en manos de los Estados de Argentina y Chile.