La Defensora del Pueblo, Florencia Peñaloza, le puso el freno a PAMI y le pidió que responda con urgencia. La intimó para que explique cómo va a garantizar la atención de sus afiliados ante la suspensión anunciada de prestaciones por 72 horas.
La medida se dictó de oficio el 13 de octubre y le dio al organismo 48 horas para contestar. La idea es que las personas mayores de San Juan no queden en el medio de un tironeo que, si se desordena, pega directo en la salud.
La Defensoría apuntó a proteger a afiliados que muchas veces necesitan atención permanente. Hablamos de consultas, estudios, tratamientos, internaciones, atención domiciliaria y hasta la entrega de medicamentos, todo eso que no puede quedar colgado de un hilo.
Entre los pedidos concretos, quiere saber qué prestadores y servicios quedan alcanzados, si habrá guardias mínimas y cómo se reprogramarán los turnos suspendidos. También pidió que se informe si existe un plan de contingencia, con responsables, teléfonos y lugares de atención para no andar a los tumbos.
Peñaloza remarcó que los problemas económicos o administrativos entre la obra social y sus prestadores no pueden terminar pagando los afiliados. Y no es la primera vez que el tema vuelve a la mesa: ya hubo intervenciones en junio y a comienzos de septiembre, cuando se pidió información por otra suspensión, así que la película ya viene con varios capítulos, ¿no?