La Justicia de San Juan metió la cuchara en el conflicto y ordenó que los colectivos vuelvan a circular con normalidad en toda la provincia. El fallo cayó este jueves y dejó una advertencia bien clara: si no obedecen, hay multa pesada.
La resolución la firmó el juez Héctor Rollán, titular del Primer Juzgado Civil, después de que la Fiscalía de Estado presentara una medida cautelar. El planteo apuntó a frenar las medidas de fuerza impulsadas por la UTA y la ATAP, que dejaron al transporte público patas para arriba.
Según lo dispuesto, las organizaciones involucradas y las empresas concesionarias deberán retomar el servicio una vez notificadas. También tendrán que poner los colectivos y los recursos necesarios para que la rueda empiece a girar otra vez, sin vueltas raras.
El punto más pesado del fallo es la sanción económica: para los trabajadores que sigan con la medida después de ser notificados, se fijó una multa de $1.000.000 por cada día de incumplimiento. Además, la decisión también alcanza a las entidades sindicales, sus autoridades y las empresas, con posibles sanciones si el bardo sigue.
En paralelo, la Justicia ordenó que, si no se respeta la medida, las actuaciones pasen a la Fiscalía General para evaluar una posible infracción a los artículos 239 y 106 del Código Penal. El fiscal de Estado, Sebastián Dávila, dijo que el objetivo fue proteger derechos como el trabajo, la educación, la salud y la circulación. Y ahora la pelota quedó del otro lado, ¿no?