La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la absolución dictada hace cinco años a favor del militar retirado Juan Carlos Méndez Casariego y confirmó de manera definitiva la condena de 18 años de prisión que había recibido en la justicia federal de San Juan.
El fallo respaldó el recurso presentado por el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, a instancias de la actuación del Ministerio Público Fiscal a cargo de Francisco Maldonado en la provincia.
La causa se remonta al segundo Megajuicio de San Juan, que terminó en octubre de 2018. Allí, el Tribunal Oral Federal juzgó a la patota represiva que actuó en la provincia durante la última dictadura militar y condenó a prisión perpetua a los principales jerarcas del grupo de tareas: Jorge Olivera, Gustavo De Marchi y Daniel Gómez. A Méndez Casariego le habían impuesto 18 años de cárcel.
En septiembre de 2021, la Cámara Nacional de Casación Penal absolvió al exmilitar al considerar que las pruebas no eran suficientes. La decisión generó rechazo en las querellas y en los organismos de derechos humanos, y la Procuración General llevó el caso a la Corte Suprema por una valoración que consideró parcial e incompleta de las pruebas.
Durante la dictadura, Méndez Casariego era teniente primero y jefe de la Compañía Comando del Regimiento de Infantería de Montaña (RIM) 22. Desde ese cargo, instruía los sumarios militares a los detenidos políticos alojados en el Penal de Chimbas.
Según el dictamen del Procurador Casal, que la Corte adoptó en su totalidad, el acusado no podía desconocer los vejámenes y torturas que sufrían los presos en esa unidad.
Un punto central del expediente fue la muerte del detenido Alberto Carvajal en la cárcel de Chimbas, un día después de haber sido obligado a firmar una declaración en un sumario instruido por el propio Méndez Casariego. La versión oficial de la época sostuvo que se había suicidado, pero la investigación judicial demostró que murió por las torturas que había recibido.
Para la Justicia, el aporte de Méndez Casariego fue darle una falsa legalidad a la represión clandestina: con actas y actuaciones fraguadas, encubrió sistemáticamente el trato que recibían las víctimas y dio cobertura a quienes ejecutaban las torturas y los homicidios.
Con este fallo de la Corte Suprema, la condena de 18 años de prisión efectiva quedó firme y la revisión judicial sobre su responsabilidad penal llegó a su fin.