El proceso judicial contra Daniel Gustavo Algarilla entró en una etapa decisiva y el caso sacude a San Juan. El hombre, empleado de la Morgue del Hospital Marcial Quiroga, está acusado de haber impulsado una supuesta tecnicatura en evisceración y tareas de morgue que, de acuerdo con la investigación, nunca tuvo reconocimiento oficial. La querella insiste en que no se trató solo de una pérdida de dinero, sino de un engaño que les cambió la vida a varias estudiantes. Mientras avanza el juicio, la tensión crece y el expediente suma testimonios clave.
En diálogo con TELESOL DIARIO, el abogado querellante Martín Lucero, representante de las cuatro mujeres denunciantes, sostuvo que buscan probar cómo el acusado habría usado distintas maniobras para captar alumnas y cobrar cuotas durante años. "La intención es acreditar que esta persona ofrecía una carrera inexistente prometiendo una salida laboral y un título habilitante que nunca iba a llegar", expresó. Según explicó, las víctimas cursaron durante aproximadamente tres años convencidas de que estaban haciendo una formación oficial vinculada al ámbito forense y hospitalario. Recién después empezaron a notar que algo no cerraba.
Las dudas aparecieron cuando pidieron programas de estudio, avales ministeriales e información institucional, pero no recibían respuestas claras. Entonces decidieron ir por su cuenta al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud y a la Universidad Católica de Cuyo, ya que Algarilla decía ser egresado y docente de esa casa de estudios. La investigación judicial descartó esas versiones y concluyó que la carrera nunca existió de manera formal. Además, la universidad negó que el acusado fuera profesor o graduado de esa institución.
La fiscalía también apunta a que la supuesta tecnicatura se promocionaba en Facebook e Instagram, donde todavía quedarían publicaciones visibles. Allí se ofrecía capacitación en manipulación de cadáveres, evisceración y asistencia forense, con promesas de supuestas salidas laborales en Salud Pública y el Poder Judicial. Las clases habrían comenzado en 2022 en un instituto privado del microcentro sanjuanino y luego se trasladaron a otros espacios de Capital y Trinidad. Las cuotas arrancaron cerca de los $5.000 y después fueron subiendo con el correr de los meses.
Otro punto que complica el cuadro es lo que habría pasado dentro de la morgue del hospital. Según testimonios incorporados al expediente, los estudiantes ingresaban sin autorización formal y, en algunos casos, debían decir en la puerta que pertenecían a carreras universitarias de medicina para poder pasar. La causa además sumó antecedentes administrativos que dejan al imputado en una situación delicada: fuentes judiciales indicaron que años atrás ya había sido sancionado en el mismo hospital por realizar tareas particulares de embalsamamiento sin permiso. Aunque posee un título de técnico eviscerador emitido por una institución de Rosario, la acusación sostiene que no cuenta con habilitación docente ni autorización para dictar una tecnicatura oficial.
Lucero remarcó que el golpe emocional fue enorme. "El daño moral es muy profundo porque ellas apostaron tiempo, dinero y proyectos personales pensando que estaban construyendo una salida laboral real", señaló. Por ahora, la querella representa a cuatro denunciantes, pero sospecha que podría haber más personas afectadas que todavía no se animaron a hablar. El Ministerio Público Fiscal mantiene la acusación por presuntas estafas reiteradas y pidió cuatro años de prisión efectiva, planteo al que también adhirió la querella. El juicio seguirá con la declaración de 17 testigos y en los próximos días podrían conocerse nuevas definiciones.