El régimen penal juvenil empezó a moverse en San Juan, y no de a poco. El asesor letrado de Gobierno, Alejandro Ferrari, contó que hubo una reunión en Casa de Gobierno para ordenar cómo se aplicará la nueva normativa.
En esa mesa estuvieron la jueza María Julia Camus, la defensora oficial de menores López, el diputado Córdoba, el subsecretario de Seguridad Villavicencio, la directora de Niñez, Adolescencia y Familia Trincado, el doctor Fernando Castro y Daniel Molina, referente local de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación.
Ferrari dijo que se revisó el proyecto complementario que presentó de manera provisoria la Corte de Justicia local, mientras esperan el código definitivo que prepara la Asesoría Letrada. Y fue claro: la idea no está puesta en castigar por castigar, sino en la reinserción del menor, con la privación de la libertad como última carta sobre la mesa.
Antes de eso, aparecen otras opciones: reparación integral, mediación o tareas socioeducativas junto a la Dirección de Niñez. En criollo, la apuesta es evitar que todo termine en el mismo bardo de siempre, cuando todavía hay margen para encarar otro camino.
Ferrari también habló del Instituto Nazario Benavídez y llevó tranquilidad: dijo que no va a colapsar. Contó que las obras de refacción y adecuación de sanitarios por seguridad están casi terminadas, y sumó un dato que, según dijo, marca el panorama: el 2% de los delitos son cometidos por menores. ¿Y el otro frente que asoma? Un proyecto de ley para transparentar la adjudicación y escrituración de viviendas del IPV, porque ahí también hay tela para cortar.