El Gobierno de San Juan puso en vigencia la reglamentación de la Ley Provincial Nº 2799-A, una norma que cambia de arriba abajo el mapa del transporte de pasajeros y de cargas en toda la provincia. La medida salió publicada en el Boletín Oficial y busca ordenar el sistema con un control más estricto sobre empresas, choferes y unidades. Con esta decisión, quedaron atrás los decretos que venían regulando la actividad hasta ahora. La apuesta oficial es concentrar todo en un solo marco legal y sumar herramientas acordes a la tecnología de estos tiempos.
La novedad más fuerte es la creación del Registro Provincial de Transporte (Re.Pro.Tran.), una base digital donde deberán figurar todos los prestadores habilitados. Allí se cargará la información de empresas, conductores y vehículos autorizados para trabajar en San Juan, con datos como licencias, seguros, documentación y tipo de servicio. Para entrar en ese registro, las firmas deberán acreditar CUIT vigente, domicilio legal en la provincia y presentar el detalle de choferes y unidades. Los conductores, por su parte, tendrán que contar con la licencia que corresponda al vehículo que manejan, mientras que cada unidad deberá demostrar titularidad, radicación, cobertura y papeles en regla.
La reglamentación alcanza a casi todas las modalidades que dependen de la Provincia: colectivos urbanos, taxis, remises, transporte escolar, servicios especiales y cargas. Quedan afuera solamente los servicios interjurisdiccionales, que siguen bajo control nacional. En el caso del transporte público de pasajeros, las empresas deberán respetar recorridos, horarios, frecuencias y tarifas aprobadas por la autoridad competente. También estarán obligadas a mantener las unidades en condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad, higiene y accesibilidad. Además, la Provincia podrá acceder a datos de la operatoria diaria, como kilómetros recorridos, pasajeros transportados y recaudación, información clave tanto para el control como para la distribución de subsidios.
Otra de las herramientas que suma la norma es la posibilidad de usar sistemas electrónicos de pago autorizados, y cada unidad deberá tener un mecanismo visible de identificación para que el usuario pueda consultar datos o hacer reclamos. En paralelo, se refuerza la fiscalización con tecnología: los vehículos afectados al transporte no regular deberán circular con sistemas de geolocalización activos durante toda la prestación. La autoridad de aplicación definirá qué características técnicas deberán cumplir esos dispositivos y qué información tendrán que transmitir. Aunque el decreto no menciona de manera específica a plataformas como Uber o DiDi, sí las deja dentro del esquema de control provincial en la categoría de transporte no regular, algo que todavía deberá terminar de precisarse con reglamentaciones complementarias.
En el caso del transporte de cargas, los operadores también deberán inscribirse en el nuevo registro y declarar todas las unidades afectadas a la actividad. Los vehículos tendrán que cumplir con las condiciones de seguridad, documentación, seguros y límites de peso fijados por la normativa vigente. Además, el Gobierno provincial queda habilitado para definir corredores especiales, horarios o restricciones para la circulación de camiones cuando existan razones de seguridad vial, infraestructura o por el tipo de mercadería trasladada. La reglamentación también prevé auditorías, inspecciones y controles periódicos, con sanciones que pueden ir desde multas hasta la suspensión de permisos, la retención de vehículos o la pérdida de la habilitación. Y para las tarifas, la autoridad competente será la encargada de aprobar los cuadros, siempre sobre la base de estudios técnicos de costos, sin margen para cobrar valores fuera de los autorizados.
Por último, el decreto fija condiciones para la flota de colectivos, que deberá tener revisiones técnicas al día, seguros vigentes, equipamiento de seguridad, higiene adecuada y accesibilidad. Como regla general, las unidades no podrán superar los diez años de antigüedad, aunque habrá excepciones puntuales. Y hay un punto que busca evitar dolores de cabeza para los usuarios: si una empresa deja de prestar el servicio por la pérdida de una concesión, la Provincia podrá exigirle que siga operando de manera transitoria hasta que se adjudique una nueva. La idea es clara: que el transporte no se corte y que la gente no quede a pie de un día para el otro.