El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) dejó sin efecto la adjudicación de 8 viviendas sociales en San Juan a beneficiarios que no cumplieron con las normas de uso. La medida salió publicada en el Boletín Oficial y ya puso a esas casas de nuevo en carrera.
Las adjudicaciones anuladas estaban repartidas entre Albardón, Caucete y varios barrios de la provincia. Entre ellos figuran Ceramista II, SUTIAGYF, Amecom 4, Virgen del Socorro, Lozano y 7 de Septiembre IV.
Según el organismo, las viviendas recuperadas se van a reparar y después se sumarán a los próximos sorteos públicos. O sea: quien no cumplió quedó afuera, y otras familias siguen esperando su turno con la esperanza intacta.
El IPV también informó que ya procesa más de 400 denuncias por irregularidades y que hay unos 90 expedientes con revocación en primera instancia. La morosidad, además, llega al 60 por ciento, un número que explica por qué el control se puso más firme que nunca.
La ley provincial marca varias razones para recuperar una casa: abandono, no vivir allí como corresponde, tener tres o más cuotas impagas, alquilarla, venderla o cederla sin permiso. También pesa haber dado datos falsos o haber cambiado la composición familiar sin avisar. ¿La vivienda social es para vivirla o para hacer cualquier cosa menos eso?