La situación de Flybondi suma otro capítulo complicado y, esta vez, el impacto puede sentirse también en los pasajeros que dependen de sus vuelos. La Justicia Federal ordenó un embargo general sobre las cuentas bancarias de la aerolínea por un monto cercano a los $1.500 millones, a partir de ejecuciones fiscales impulsadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La medida fue dispuesta por los Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias N° 1, 2 y 4, con el objetivo de garantizar el cobro de las obligaciones reclamadas por el organismo recaudador. Por ahora, el embargo no implica una interrupción de las operaciones de la compañía.
ARCA reclama un capital de $1.256.469.707,31. La mayor parte corresponde a retenciones del Impuesto a las Ganancias, por más de $915 millones. A eso se suman unos $207 millones por retenciones de IVA y alrededor de $133 millones vinculados al Impuesto sobre los Bienes Personales.
El monto total de la cautelar se acerca a los $1.500 millones porque incluye un adicional del 15% para cubrir intereses y costas judiciales. En otras palabras, la empresa quedó más presionada todavía en un momento en el que ya venía arrastrando problemas financieros y operativos.
En los últimos meses, Flybondi redujo de manera significativa su flota disponible por inconvenientes ligados a los contratos de leasing de aeronaves. Esa situación derivó en cancelaciones y reprogramaciones que, entre junio de 2025 y mayo de 2026, habrían superado las 2.500.
El frente laboral también le agrega tensión al panorama. La empresa mantiene reclamos de trabajadores y exempleados por salarios, indemnizaciones y otros conceptos pendientes. Más de 700 exempleados todavía esperan el pago de obligaciones vinculadas, entre otros puntos, con planes de retiros voluntarios acordados durante los primeros meses del año.
A esto se suman acciones judiciales por deudas sociales y previsionales. Según información difundida por medios radiales, ARCA inició ocho causas por este tipo de obligaciones desde marzo de 2026 y al menos seis ya tenían ejecución fiscal habilitada para avanzar sobre fondos de la compañía.