Este miércoles 12 de agosto, las universidades nacionales frenan su actividad por un paro de 24 horas convocado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales. La medida se va a notar en las aulas y también en la vida diaria de quienes estudian, enseñan y trabajan en el sistema público, algo que impacta de lleno en toda la comunidad universitaria.
La protesta apunta a que se aplique de una vez la Ley de Financiamiento Universitario y a que haya una recomposición de los salarios docentes y no docentes. Además, los gremios piden que se actualicen los fondos para becas y hospitales universitarios, un reclamo que también toca de cerca a las familias que dependen de esos servicios.
Desde el sector sindical advierten que la pérdida salarial supera el 28% y cuestionan que no se esté cumpliendo lo establecido por la ley. Laura Carboni, secretaria general del gremio, señaló que el arranque del segundo cuatrimestre encuentra al sector con una deuda salarial pendiente y apuntó contra el Gobierno por esa situación.
Los gremios también cuestionan el aumento salarial del 21,3%, que fue acordado por rectores y federaciones y cobrado en julio. Según Carboni, ese porcentaje no alcanza para cubrir la pérdida que vienen arrastrando los trabajadores universitarios.
En paralelo, la asamblea de la Asociación Gremial Docente de la UBA rechazó la propuesta y ratificó que seguirá profundizando el plan de lucha. Además, desde la Universidad de Buenos Aires ya anticiparon otra medida de fuerza para la semana que viene, entre el lunes 18 y el sábado 22 de agosto.
Del lado oficial, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, salió a cuestionar el paro y lo definió como “político e ilegítimo”. Según el Gobierno, las transferencias están al día y ya se convocó a una reunión paritaria para el martes 1 de septiembre.
El paro alcanza al personal docente y no docente de las universidades nacionales. Entre los gremios que adhieren figuran FEDUN, FATUN, FAGDUT y CONADU. Con esta jornada, los sindicatos universitarios suman al menos ocho medidas de fuerza durante 2026, en medio de un conflicto que sigue abierto por salarios, financiamiento y presupuesto.