El ministro de Producción, Gustavo Fernández, salió a poner paños fríos: dijo que el cambio al RIGI no le mueve un pelo a la ley minera de San Juan. Según explicó, la norma provincial sigue firme con sus metas de empleo, proveedores e inversión local.
La aclaración llegó después del Decreto 1366/2026, que cambió la definición de proveedor local dentro del régimen nacional. Desde ahora, alcanza con que la empresa esté constituida y tenga domicilio en Argentina, sin mirar quién pone el capital.
Eso encendió alguna alarma entre proveedores sanjuaninos, que temen quedar corriendo de atrás frente a firmas con capital extranjero. Fernández, sin embargo, marcó la diferencia entre lo que pide la Nación y lo que exige la ley pensada para San Juan.
El ministro remarcó que la norma provincial no es una “ley cerrojo”, pero sí obliga a presentar planes de desarrollo. También recordó que apunta a un 80% de empleo local y a un 60% de compras sobre la oferta disponible de bienes y servicios de la provincia.
Además, confirmó que la reglamentación está en su última etapa. La semana pasada hubo una reunión entre Producción, Minería y la Asesoría Letrada de Gobierno, y solo faltan ajustes formales antes de que el decreto llegue a la firma del gobernador Marcelo Orrego. ¿Ahora sí se pone en marcha de una buena vez?

