La Nación movió una pieza del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y, claro, se armó la pregunta de rigor: ¿qué pasa con San Juan?
El cambio llegó con el Decreto 1366/2026, publicado el 16 de noviembre en el Boletín Oficial. Desde ahora, para ser proveedor argentino alcanza con estar constituido y domiciliado en Argentina, sin mirar quién pone la plata.
Antes el filtro era más exigente: la empresa debía tener al menos el 51% de su capital o de sus votos en manos de titulares con domicilio fiscal argentino. Con la nueva regla, entran también filiales locales de firmas extranjeras, y ahí quedó picando la duda en el mundo minero.
El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, salió a poner paños fríos. Dijo que el RIGI mantiene el cupo del 20% para compras a proveedores nacionales y que ese piso no se reparte por provincias.
Pero la clave, según explicó, está en otro lado: la Ley Provincial 2827-M sigue intacta y el Registro Provincial de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN.) también. San Juan conserva sus metas de 80% de empleo sanjuanino y 60% de compras a proveedores locales, que son las que realmente marcan la cancha acá.
En criollo: el decreto nacional ajusta cómo se cuenta un proveedor dentro del RIGI, pero no le mueve un pelo a la herramienta provincial. Perea insistió en que ambas normas conviven y que la ley sanjuanina sigue siendo la vía fuerte para que la minería deje laburo y compras en casa, ¿o no?

