El gobierno de Colombia salió a ponerle el pecho al bombardeo de la semana pasada en Guaviare, después de que el instituto forense confirmara la muerte de tres menores. La discusión, claro, quedó picando fuerte.
El presidente Abelardo de la Espriella bancó las operaciones militares contra grupos que definió como narcoterroristas. Y soltó una frase dura: dijo que quienes reclutan chicos para volverlos combatientes o escudos humanos deben pagar por esos crímenes.
Desde que asumió el 7 de agosto, De la Espriella prometió una línea mucho más brava contra los grupos ilegales. También cerró los diálogos de paz que había impulsado su antecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).
El segundo bombardeo fue el 27 de agosto en una zona selvática del municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviare. Allí apuntaron contra campamentos de las disidencias de las FARC, lideradas por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, uno de los más buscados del país.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que recibió diez cuerpos vinculados a esa acción militar. El Ministerio de Defensa habló de diez combatientes “neutralizados”, entre ellos dos menores de 15 años y uno de 16, además de un adulto capturado y otro menor recuperado con vida. ¿Y ahora quién frena este bardo?
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