El Gobierno nacional prevé suspender alrededor de 20 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral después de detectar presuntas irregularidades en su otorgamiento. La movida saldría a la luz en los próximos días, en medio de una auditoría que ya mira legajos por todos lados.
El control alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país, así que la lupa viene pesada. Desde Casa Rosada dicen que la idea es ordenar la plata pública y cortar con prestaciones que habrían sido dadas de forma fraudulenta.
Por ahora no se informaron casos individuales ni qué pruebas respaldan cada suspensión. O sea, el expediente sigue en marcha y el tema todavía puede traer más recortes en los próximos meses, así que no está cerrado ni ahí.
La revisión aparece pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley de Discapacidad, tras cambios aceptados por el oficialismo para sostener la continuidad de las pensiones. Ahora el proyecto quedó en manos del Senado, donde seguirá la discusión.
Estas pensiones no solo incluyen una asignación mensual: también dan cobertura médica a través de Incluir Salud. Y la auditoría no se queda solo en beneficiarios, porque también alcanzó a instituciones que reciben fondos del Estado, como la Fundación METAS, dada de baja del registro de la ANDIS tras inspecciones en Moreno, Buenos Aires.