La Justicia federal puso la lupa sobre la salida de Flávio Bolsonaro de Argentina. Ordenó preservar las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y reunir datos sobre los controles migratorios.
La medida la dispuso la jueza María Eugenia Capuchetti, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa. Todo nace de una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por una presunta intervención irregular en el traslado del senador brasileño.
La idea, por ahora, es juntar piezas antes de salir a correr detrás de conclusiones. La Justicia quiere saber si hubo alguna actuación ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y la posterior salida del dirigente, que viajó a Miami con su esposa y sus dos hijas.
Entre las medidas figura guardar las filmaciones correspondientes al período del 27 al 28 de octubre. También se pidieron oficios para saber si hubo alertas, notificaciones oficiales o comunicaciones de Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro.
Además, la investigación busca información de la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles hechos a la aeronave y a sus pasajeros antes de la partida. Por ahora, todo es preliminar y no significa que los delitos denunciados estén probados. En Comodoro Py, la cosa todavía está quedando picando, ¿no?