El Senado de la Nación le dio media sanción a la reforma de la Ley de Salud Mental, vigente desde 2010. La iniciativa salió con 42 votos a favor y 21 en contra, sin abstenciones, y ahora va a Diputados.
El proyecto toca varios puntos sensibles: internaciones involuntarias, atención de consumos problemáticos y organización de los servicios sanitarios. Traducido al llano, no es un retoque menor; cambia reglas que vienen funcionando desde hace años.
Uno de los cambios más fuertes está en las internaciones sin consentimiento. La propuesta las habilita cuando haya riesgo grave para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, y permite que un solo médico disponga la medida en una urgencia.
Después, ese criterio deberá ser ratificado por un equipo interdisciplinario dentro de las 48 horas. También habilita a los jueces a ordenar internaciones si los prestadores de salud se hacen los distraídos y no cumplen con los requisitos legales.
La reforma además vuelve a abrir la puerta para internaciones en hospitales psiquiátricos especializados, públicos o privados. Mantiene la prohibición de crear nuevos manicomios, pero suma teleconsultas con psiquiatras cuando no haya presencia física disponible, algo que puede destrabar más de una atención en zonas alejadas.
Otro punto que mete ruido en el tablero es la incorporación expresa de las adicciones dentro de las políticas de salud mental. También suma reglas sobre la participación de las familias, obligaciones para responsables de pacientes y mecanismos de orientación y acompañamiento.
En el debate se agregó, además, una asistencia técnica, económica y financiera de la Nación a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habrá convenios, metas y rendición de cuentas para fortalecer equipos, formar profesionales y sostener dispositivos comunitarios. Ahora la pregunta es simple: ¿Diputados le da luz verde o la deja picando?