La administración de las Islas Malvinas, bajo control británico, anunció la prórroga por cinco años de todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore. La jugada se conoció después de que el Gobierno de Javier Milei apretara con medidas contra las compañías que operan en la zona sin autorización argentina.
Los permisos están hoy en etapa de exploración y, encima, pueden estirarse por otros dos años más. Eso quedará en manos de las autoridades isleñas y dependerá de que las empresas cumplan con los programas de trabajo comprometidos.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, dijo Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales. Desde allá defienden la explotación como si fuera cosa propia; Argentina lo rechaza de plano.
El foco más caliente está en Sea Lion, un proyecto en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa la encabeza Navitas Petroleum, con el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Las empresas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión y proyectan empezar a extraer petróleo en marzo de 2028. En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto dictó una cautelar para frenar obras vinculadas al proyecto, mientras sigue la pulseada entre sanciones, permisos y reclamos. ¿Quién afloja primero en este tironeo?